El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que se encargan de garantizar el acceso a la Justicia a los sectores sociales menos favorecidos. En Catamarca hay dos oficinas, una ubicada en y otra en Valle Viejo.

Sebastián Vergara, abogado del Centro de Acceso de la Justicia de Belén, se refirió  sobre la situación de la dependencia nacional, que ya lleva 5 años trabajando en el departamento Belén, en el interior mismo, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra.

Según dijo son 3 trabajadores en la oficina, una trabajadora social, un abogado y un chofer, "que hace a las veces el personal administrativo" y que estos centros brindan asesoramiento legal primario y social en distintas problemáticas cotidianas de las personas. "En nuestra oficina atendemos sobre todo a los sectores más vulnerabilizados, comunidades rurales, campesinas, indígenas, pueblos originarios, personas con discapacidad, adultos mayores, que en muchas ocasiones no tienen la facilidad de acceder al asesoramiento legal por obstáculos económicos y a veces culturales", señaló a Catamarca a Diario.

La decisión de los cierres fue publicada en un comunicado en las redes sociales oficiales del ministerio de Justicia, en donde se los consideró "cajas de la política". Para el abogado esa denominación es "una falta de respeto para los trabajadores que hace tiempo venimos en estas dependencias".

“La mayoría de los funcionarios del Estado Nacional no la conocen la realidad del interior del país, nuestras comunidades rurales son absolutamente desconocidas para ellos, salvo que se hable del litio o de algo que deje algún tipo de divisas que impacten las arcas nacionales, después otras realidades no les llaman la atención", criticó el letrado.

A través de sus redes sociales el letrado había señalado que “todo ajuste y recortes en políticas públicas el actual gobierno lo justifica en base a que se trataba de "una caja de la política" o "un curro" o "un nicho de corrupción" sin jamás aportar prueba alguna al respecto más allá de operaciones mediáticas”

Además que “en todos estos meses no se realizó ninguna auditoría, ni siquiera mínima, por parte de las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia” y que “los servicios que brindamos desde el CAJ son mucho más amplios y diferentes a los del poder judicial porque tienen que ver justamente con las dificultades de acceso a justicia y derechos de grandes sectores de la población”.

 Los empleados públicos, en general, persisten luego de los diferentes y múltiples cambios de gobierno, porque existe algo que se llama estabilidad del empleado público y es una garantía constitucional tendiente a evitar arbitrariedades de cada político de turno.

Intentar evaluar "resultados" de una política federal con presencia en diversas provincias a lo largo y ancho del país, desde un escritorio de Bs. As. es algo complicado, sino imposible de realizar."Cuidar el dinero de los contribuyentes" recortando servicios públicos gratuitos que ahora deben abonar de manera particular es una contradicción. Los CAJs nacen, entre otros motivos, como una respuesta a las condenas por parte de la CIDH hacia Argentina en donde se acreditó que Argentina no garantiza el acceso a la justicia de manera adecuada y equitativa a todos los sectores de la ciudadanía, en particular, a los más vulnerables (niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, mujeres y diversidades, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.) La garantía constitucional de acceso a la justicia NO es lo mismo que acceder al poder judicial. La garantía busca una efectiva protección, reconocimiento y acceso a derechos y no sólo a la jurisdicción que interviene cuando éstos ya han sido negados y/o vulnerados a fin de obtener reparación”, sostuvo el profesional.