La secretaria de Salud Mental y Adicciones, Soledad Ponce junto a su equipo, encabezó una reunión con referentes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en la que se abordaron diferentes temáticas relacionadas a la situación de las personas que están internadas por salud mental, principalmente; con el fin de poder acompañar a la implementación de la Ley Nacional N° 26.827.

A través de esta Ley, se busca regular los espacios de distintos organismos públicos y privados para prevenir situaciones de tortura.

En este sentido, el director de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario en Salud Mental, Juan José Cordigoni, señaló que “desde el Comité solicitaron listado de las personas que están internadas por motivos de salud mental en la Provincia en distintas instituciones públicas y privadas, para trabajar en forma articulada con los datos recabados en el Censo Nacional de Salud Mental que se realizó hace un par de años”.

Asimismo, Codigoni indicó que acordamos un nuevo encuentro para continuar trabajando en estos lineamientos.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se creó como organismo público de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro. En este sentido, el Comité vino a ocupar un lugar institucional vacante en el campo de los derechos humanos; el de los derechos de las personas privadas de su libertad; exactamente los mismos que tiene el resto del conglomerado social.

El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura está integrado por diversos organismos públicos, tanto nacionales como provinciales, que trabajan por los derechos de las personas privadas de la libertad. El Comité garantiza la articulación entre estos organismos, y a la vez es el único organismo facultado a nivel nacional, provincial y municipal para realizar visitas de inspección, sin previo aviso, a unidades penitenciarias, comisarías, alcaldías, centros de institucionalización por motivos de salud mental, centros de responsabilidad penal juvenil, residencias para adultos mayores y cualquier otro lugar donde se encuentre una persona privada de su libertad por decisión de una autoridad pública, o con su consentimiento.