Morabito analizó el debate sobre “falsas denuncias” y su impacto en el sistema judicial
El magistrado analizó el alcance de las denuncias falsas, el rol del Código Penal y el impacto que podrían tener.
El juez Morabito publicó un análisis en el que reflexiona sobre el creciente debate público y legislativo en torno a las denominadas “falsas denuncias”, una discusión que cada cierto tiempo vuelve a instalarse en la agenda política argentina y que, según plantea, requiere ser abordada con especial cautela por sus implicancias en el sistema judicial.
En su posteo, Morabito señaló que la figura de la falsa denuncia ya se encuentra contemplada en el Código Penal argentino, al igual que el delito de falso testimonio, por lo que consideró que el sistema judicial cuenta actualmente con herramientas para sancionar este tipo de conductas.
A partir de allí, planteó interrogantes sobre qué cambia efectivamente cuando se proponen reformas orientadas a endurecer las penas, especialmente cuando el foco se coloca en delitos vinculados a violencia de género, abuso sexual y niñez. En ese sentido, advirtió que no se trata de ámbitos de prueba sencilla, sino de hechos atravesados por dinámicas de poder, intimidad y vulnerabilidad.
El magistrado remarcó además la necesidad de distinguir entre una denuncia falsa y una denuncia que no logra ser probada en sede judicial, diferenciación que consideró central para evitar interpretaciones erróneas dentro del sistema de justicia.
En su análisis, también puso el acento en el posible efecto disuasorio que podrían generar este tipo de iniciativas legislativas, al sostener que una mayor amenaza penal podría desalentar a potenciales denunciantes que no cuentan con pruebas contundentes o que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
Finalmente, Morabito advirtió que el debate sobre las falsas denuncias no puede abordarse de manera abstracta, sino considerando sus efectos concretos sobre el acceso a la justicia, especialmente en casos de violencia de género y contra la niñez, donde —según plantea— el riesgo de silencio puede profundizarse si el derecho penal se percibe como una amenaza para quien denuncia.
