Mineras deberán informar cada mes cuántos trabajadores tienen sus contratistas
La Provincia busca reforzar el control sobre el empleo vinculado a los proyectos mineros y verificar la correcta registración laboral.
El Gobierno provincial puso en marcha un nuevo mecanismo de control sobre el empleo generado por la actividad minera. A partir de una resolución del Ministerio de Educación y Trabajo, las empresas mineras deberán presentar informes mensuales sobre sus contratistas y proveedores.
La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 164 y obliga a las compañías a informar a la Secretaría de Trabajo el listado de empresas contratadas que tengan personal afectado a cada proyecto.
Los reportes deberán incluir la cantidad de trabajadores, la actividad que desarrollan y el lugar efectivo donde prestan tareas. La información tendrá carácter obligatorio y deberá presentarse bajo declaración jurada.
Cruce de datos para controlar el empleo
El nuevo esquema se complementará con las tareas de fiscalización electrónica que lleva adelante la autoridad laboral provincial mediante el acceso a información del sistema de seguridad social.
De esta manera, la Provincia podrá contrastar los datos declarados por las empresas con los registros disponibles y verificar si los trabajadores se encuentran correctamente registrados.
El control apunta especialmente a determinar que la registración laboral coincida con el lugar real de prestación de servicios, una cuestión relevante en una actividad que involucra a numerosas empresas contratistas y proveedoras.
Desde el Ministerio que conduce Verónica Soria señalaron que la medida permitirá mejorar los cruces de información y obtener datos más precisos sobre la cantidad de trabajadores vinculados efectivamente con los proyectos mineros que se desarrollan en Catamarca.
Las empresas deberán, además, mantener actualizada la información correspondiente a su personal en los sistemas oficiales. La Provincia busca así contar con un seguimiento más preciso del empleo que genera la minería y fortalecer la fiscalización de las obligaciones laborales y de seguridad social.
