La Cámara de Diputados deberá resolver el pedido de desafuero del legislador Javier Galán
La solicitud fue elevada en el marco de una investigación por amenazas agravadas y presuntas exacciones ilegales.
La Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre el pedido de desafuero del diputado provincial del MID, Javier Galán, luego de que el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, diera curso a la solicitud presentada por el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.
El planteo judicial corresponde exclusivamente a la causa iniciada tras la denuncia del empleado legislativo Iván Luna Avellaneda, quien atribuyó al legislador los presuntos delitos de amenazas agravadas y exacciones ilegales. La resolución deja en manos del Poder Legislativo la decisión sobre el avance del proceso penal.
Mientras tanto, continúan en trámite otras tres denuncias presentadas contra Galán, entre ellas las vinculadas a presuntos hechos de abuso sexual. Esos expedientes aún atraviesan distintas instancias procesales y, de prosperar, podrían derivar en nuevos pedidos de desafuero.
En la presentación realizada ante la Justicia, Luna Avellaneda sostuvo que fue citado por Galán a una reunión en el Corralón San Javier, donde el diputado le habría solicitado que negara la relación laboral de Daniela Solohaga con ese lugar y que evitara respaldar su denuncia. Según su relato, durante ese encuentro el legislador manipulaba un cuchillo mientras le impartía esas indicaciones.
El denunciante también afirmó que, tras esa reunión, recibió instrucciones para dejar de cumplir funciones en el Corralón y presentarse en otra sede ubicada sobre avenida Güemes. Además, declaró que debía destinar parte de su salario a realizar transferencias de dinero a terceros.
Para fundamentar el pedido de desafuero, el juez valoró distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos documentación remitida por la Cámara de Diputados que acredita la designación de Luna Avellaneda como asesor del bloque MID, registros de asistencia, el trámite de baja laboral presentado posteriormente a la denuncia, informes bancarios y documentación vinculada a la titularidad del Corralón San Javier.
Por otra parte, el magistrado rechazó una serie de medidas probatorias solicitadas por la defensa de Galán en la causa iniciada por Daniela Solohaga. Entre ellas figuraban el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de la denunciante y requerimientos de información a la empresa de telefonía.
En su resolución, Sago explicó que el expediente aún no se encuentra en la etapa de investigación penal preparatoria y que el objetivo de la instancia actual se limita a determinar si existen elementos suficientes para requerir el desafuero del legislador. En ese contexto, señaló que mientras Galán conserve la inmunidad de proceso no pueden ordenarse diligencias como allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos o pericias.
