Impulsan la creación del Colegio de Profesionales de las Ciencias Ambientales de Catamarca
El proyecto propone regular la actividad, crear una matrícula obligatoria y establecer un régimen de ética y disciplina profesional.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca crear el Colegio de Profesionales de las Ciencias Ambientales de la Provincia de Catamarca, con el objetivo de regular el ejercicio de la actividad y fortalecer el rol de los especialistas en la protección del ambiente.
La iniciativa corresponde a la diputada María Natalia Ponferrada y propone que el nuevo organismo funcione como una persona jurídica de derecho público no estatal, con sede en San Fernando del Valle de Catamarca.
Según los fundamentos, la propuesta surgió a partir de planteos realizados por profesionales del sector y apunta a cubrir un vacío regulatorio existente en la provincia. El colegio tendría entre sus principales funciones el control de la matrícula, la fiscalización del ejercicio profesional y la aplicación de un Código de Ética.
Matrícula obligatoria
El proyecto establece que quienes desarrollen actividades profesionales vinculadas con las ciencias ambientales deberán estar previamente inscriptos y matriculados en el colegio para ejercer en Catamarca y cobrar honorarios profesionales.
Podrían incorporarse licenciados en Ciencias Ambientales, Gestión Ambiental, ingenieros ambientales y otros profesionales con títulos de grado equivalentes, además de quienes cuenten con tecnicaturas superiores en áreas ambientales. También contempla a profesionales con títulos extranjeros debidamente revalidados o convalidados.
La norma busca abarcar actividades como estudios de impacto ambiental, auditorías, monitoreos, peritajes, gestión de residuos, ordenamiento territorial, conservación de recursos naturales, remediación ambiental y políticas vinculadas al cambio climático y la economía circular.
El proyecto aclara que la intervención deberá respetar las incumbencias correspondientes a cada título y que, cuando la complejidad de un trabajo lo requiera, deberán conformarse equipos interdisciplinarios.
Control y ética profesional
Entre las atribuciones del futuro colegio se encuentra la posibilidad de dictar su reglamento interno y un Código de Ética y Disciplina. También tendría facultades para combatir el ejercicio ilegal de la profesión, promover la capacitación y representar institucionalmente a los profesionales ante organismos públicos y privados.
El proyecto contempla un régimen disciplinario que incluye llamados de atención, apercibimientos, multas, suspensión de la matrícula y su cancelación, de acuerdo con la gravedad de las faltas y la reincidencia.
Además, el colegio podría intervenir en la certificación, visado y legalización de firmas de informes técnicos, peritajes y estudios ambientales elaborados por sus matriculados.
Cómo se organizaría
La estructura institucional estaría conformada por una Asamblea, un Consejo Directivo, un Tribunal de Ética y Disciplina y una Comisión Revisora de Cuentas.
El Consejo Directivo tendría un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, con mandatos de dos años y posibilidad de una reelección consecutiva. El Tribunal de Ética estaría integrado por tres miembros titulares y tres suplentes.
En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé recursos provenientes de matrículas, cuotas periódicas, certificaciones y visados, multas, donaciones, subsidios y otros ingresos.
Puesta en marcha
Si la iniciativa es aprobada, el Poder Ejecutivo deberá conformar en un plazo máximo de 30 días una Comisión Organizadora integrada por cinco profesionales del área.
Ese organismo tendrá 90 días para realizar el empadronamiento y conformar el padrón fundacional. Posteriormente deberá convocar a las primeras elecciones de autoridades, dentro de un plazo máximo de 120 días desde su conformación.
La autora sostiene que la creación del colegio permitiría fortalecer la capacidad técnica de la provincia frente a los desafíos ambientales y garantizar que estudios, auditorías y otros instrumentos de gestión sean realizados por profesionales con las incumbencias correspondientes.
El proyecto pone especial énfasis en el contexto productivo de Catamarca, donde actividades como la minería y la agroindustria requieren herramientas de evaluación y control ambiental, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales.
