Escala la crisis institucional en Pomán y judicializan la compra de un inmueble municipal
Concejales resolvieron denunciar al intendente y a funcionarios por presuntas irregularidades en una operación inmobiliaria.
El Concejo Deliberante de Pomán decidió avanzar ante la Justicia contra el intendente Francisco Gordillo y otros integrantes del Ejecutivo municipal por la adquisición del inmueble conocido como "Casa Santa Rita", una operación que desde hace semanas genera una fuerte controversia política e institucional en el departamento.
La decisión fue adoptada mediante una resolución aprobada por mayoría calificada, que autoriza al presidente del cuerpo, Walter Centeno, a presentar una denuncia penal por la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio de la función pública. La presentación también alcanzará a funcionarios que participaron en el procedimiento administrativo cuestionado.
Además de la denuncia, los concejales solicitaron la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia para que realice una auditoría integral extraordinaria sobre el manejo de los fondos municipales relacionados con la operación.
El eje de la controversia radica en la compra directa de "Casa Santa Rita", una propiedad valuada en alrededor de 40 mil dólares. Según sostienen los ediles, la adquisición se realizó sin la autorización previa del Concejo Deliberante, requisito establecido por la normativa vigente para este tipo de operaciones.
Los concejales también señalaron inconsistencias entre la documentación oficial y los datos consignados en la escritura pública, además de cuestionar la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia para concretar la compra cuando el cuerpo legislativo ya se encontraba en período ordinario de sesiones.
La tensión política se profundizó luego de la comparecencia del jefe comunal ante el Concejo. Durante ese encuentro, Gordillo rechazó responder el cuestionario preparado por los ediles, cuestionó la legalidad del procedimiento y abandonó el recinto en medio de un fuerte cruce con autoridades legislativas.
Con la resolución ya aprobada, el expediente será remitido tanto a la Justicia como a los organismos provinciales de control, que deberán determinar si existieron irregularidades en la operación y en la utilización de recursos públicos.
