El Foro Catamarca – Red Infancia Robada cuestionó una designación legislativa
La organización expresó su rechazo y pidió mayor responsabilidad institucional en áreas vinculadas a la protección de la niñez.
La organización Foro Catamarca – Red Infancia Robada expresó un fuerte rechazo a la designación de la diputada provincial Verónica Vallejos como presidenta de la Comisión de Infancias y Adolescencias de la Cámara de Diputados de Catamarca. El planteo generó un nuevo foco de controversia en el ámbito político e institucional de la provincia.
El cuestionamiento se centra en los vínculos políticos y personales que la legisladora habría mantenido en el pasado con el exconvicto Ricardo Javier Ocampo, conocido públicamente como “Maestro Amor”, quien fue condenado por delitos vinculados a violencia sexual contra menores. Según la organización, estos antecedentes resultan incompatibles con la responsabilidad institucional de conducir un área legislativa vinculada directamente a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Desde la entidad sostienen que la designación “carece de legitimidad” y advierten que implica un retroceso en materia de perspectiva de derechos de la infancia, señalando que la comisión parlamentaria debería estar encabezada por perfiles con “máxima sensibilidad y compromiso” en la materia.
El pronunciamiento también cuestiona el silencio o acompañamiento de otros sectores legislativos frente a la designación, al considerar que se trata de una decisión política que debió ser evaluada con mayor rigor institucional, dada la naturaleza del área en cuestión.
En su declaración pública, la organización remarca que la situación genera preocupación en sectores de la sociedad civil que trabajan en la protección de derechos de la niñez, y solicita a la dirigencia política que se revisen este tipo de decisiones para evitar cualquier tipo de legitimación simbólica hacia personas con antecedentes de violencia sexual.
Finalmente, el Foro Catamarca – Red Infancia Robada llamó a reforzar las políticas de protección integral de la infancia y a garantizar que los espacios institucionales vinculados a niñez y adolescencia estén conducidos bajo criterios estrictos de idoneidad, ética pública y enfoque de derechos humanos.
