Críticas cruzadas y pedidos de informes por el fracaso del Centro Genético
Los diputados Silvana Carrizo (UCR) y Fernando Baigorrí (MID) encabezaron las presentaciones formales en la Cámara.
La caída del Plan de Mejoramiento Genético del ganado en Catamarca reavivó cuestionamientos en el ámbito político y social, con pedidos de informes en la Legislatura y fuertes críticas en redes sociales. La oposición, integrada por espacios como la UCR, MID, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica ARI, pidió explicaciones por la inversión millonaria que no tuvo resultados concretos.
Los diputados Silvana Carrizo (UCR) y Fernando Baigorrí (MID) encabezaron las presentaciones formales en la Cámara, solicitando al Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas informes detallados sobre el estado actual del Centro de Mejoramiento Genético en Nueva Coneta y la ejecución de fondos públicos.
“El Gobierno debe dar explicaciones claras. Se montó un laboratorio en una escuela agrotécnica, se invirtieron millones, y hoy no hay laboratorio, no hay toros, ni respuestas”, denunció Baigorrí. El legislador también apuntó directamente al exministro de Producción y actual Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, por su presunta vinculación con el proyecto.
Carrizo fue más allá, al señalar posibles conflictos de interés en la gestión de fondos. Afirmó que una empresa privada que recibió recursos del Estado, AGROLEPAL, está vinculada familiarmente a Mera a través de su cuñado, Alejandro Lauret, y calificó el entramado institucional como “alarmante”. Además, criticó que el exministro Juan Cruz Miranda haya sido propuesto para integrar el Tribunal de Cuentas, órgano que debería auditar esos fondos. “Es una secuencia institucional que erosiona la confianza pública”, advirtió.
De la genética al tomate: otros frentes de reclamo
La legisladora también pidió revisar la gestión de otros programas productivos como el “Plan Tomate” (2016-2017), la bodega municipal La Indómita de Fiambalá, y el caso de Agroindustrias Pomán, todos señalados en informes recientes por falta de resultados y manejo poco claro de recursos.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Adrián Brizuela amplió el eje de la crítica al cuestionar el rol estatal en programas de fomento económico: “Una vez más, el Estado se vuelve el promotor de negocios diseñados para beneficiar a actores cercanos al poder. Es una matriz que se repite: el que diseña, ejecuta y controla, está en el mismo círculo”, expresó.
Por su parte, Rubén Manzi, referente de la Coalición Cívica ARI, se expresó en redes sociales: “¿Quién se hace cargo de este nuevo fracaso? ¿Habrá alguna renuncia? A valores actuales, el costo del programa superaría los $3.700 millones”.
