Crece la polémica por la designación de Dalmacio Mera: ya son dos los amparos presentados para frenar su asunción
Solicitan la inmediata suspensión de la designación y alertan sobre la gravedad institucional del caso.
El diputado Hugo Ávila y legisladores de la UCR impulsaron acciones judiciales contra el uso de un DNU para modificar la ley que regula el organismo. Acusan al Ejecutivo de “usurpar funciones” y piden que se suspenda la jura de Mera.
La reciente designación del exsenador Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo de Catamarca desató un fuerte conflicto institucional que ya se trasladó al terreno judicial. En las últimas horas, no uno, sino dos amparos fueron presentados ante la Corte de Justicia provincial para frenar su asunción, prevista para los próximos días.
El primero de ellos fue presentado por el diputado provincial del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila, quien cuestionó duramente el procedimiento utilizado por el Gobierno provincial para nombrar a Mera mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). “Se trata de un acto de abuso de autoridad, un procedimiento oscuro y fraudulento que usurpa funciones que no le corresponden al Ejecutivo”, sostuvo Ávila en su escrito, en el que solicita la suspensión del DNU 719/2025 —que modificó la Ley Provincial N° 5337— y del Decreto Acuerdo G y S 781/2025, mediante el cual se formalizó la designación.
Pero no fue el único. Este lunes también se conoció que diputados de la Unión Cívica Radical presentaron una segunda acción de amparo con argumentos similares. En ella, también solicitan la inmediata suspensión de la designación y alertan sobre la gravedad institucional del caso.
Los legisladores radicales consideran que el uso de un DNU para modificar una ley provincial que regula un organismo clave como la Defensoría del Pueblo es inconstitucional, ya que el Ejecutivo carece de facultades para hacerlo sin una autorización expresa del Legislativo. Citan además tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen que cualquier limitación a derechos fundamentales sea dispuesta mediante una “ley formal”, es decir, aprobada por un órgano legislativo plural y deliberativo.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el riesgo de que decisiones tomadas sin debate ni participación vulneren principios democráticos esenciales”, expresaron los firmantes del amparo.
El conflicto se centra en el fondo de la cuestión: ¿puede el Ejecutivo modificar por decreto una ley que define el mecanismo de selección del Defensor del Pueblo, una figura cuya razón de ser es el control y la defensa de los derechos ciudadanos frente al poder político?
La Corte de Justicia deberá ahora evaluar la admisibilidad de ambas presentaciones y decidir si hace lugar a las medidas cautelares solicitadas, que buscan impedir que Mera asuma el cargo mientras se resuelve el fondo del planteo.
Mientras tanto, el caso no sólo genera revuelo en el ámbito judicial, sino que ya se instaló como un nuevo foco de tensión política en Catamarca, donde la oposición denuncia el avance del oficialismo sobre los órganos de control y la institucionalidad democrática.
