Catamarca Escuchar artículo

Ciberbullying: la causa por hostigamiento pasó al Tribunal Penal Juvenil

La Fiscalía vinculó la investigación con el expediente por la difusión de imágenes íntimas de una adolescente.

Ciberbullying: la causa por hostigamiento pasó al Tribunal Penal Juvenil

La Fiscalía vinculó la investigación con el expediente por la difusión de imágenes íntimas de una adolescente.

La investigación por presunto hostigamiento digital contra una estudiante de 17 años tuvo un nuevo avance judicial. La fiscal de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en Ciberdelitos, Paola González Pinto, declinó su competencia y remitió las actuaciones al Tribunal Penal Juvenil, al considerar que los episodios denunciados están vinculados con otra causa en la que se encuentran imputados tres adolescentes.

La decisión se fundamentó en la conexión entre dos investigaciones que, si bien tramitan por separado y tienen distintas personas denunciadas, comparten un contexto de violencia digital en el ámbito escolar y tienen como destinataria a la misma víctima.

Por un lado, se encuentra el expediente que investiga la presunta producción y difusión de imágenes íntimas de una adolescente de 17 años. En esa causa, tres compañeros de escuela fueron imputados y la investigación está a cargo del fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez.

Por otro, se tramita la denuncia por hostigamiento digital contra una estudiante que ya cumplió 18 años, a partir de un video difundido en redes sociales durante el viaje de egresados a Bariloche, en el que relataba supuestas agresiones contra su compañera y hacía referencia a la continuidad de esas conductas.

Según fuentes consultadas, González Pinto entendió que los hechos no podían analizarse de manera aislada, sino como parte de una secuencia de episodios que habría comenzado con la difusión del material íntimo y continuado con situaciones de hostigamiento.

La intervención del fuero especializado

La remisión de las actuaciones se sustenta en el artículo 19 de la Ley Provincial 5.544 de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que establece el fuero de atracción cuando en una causa intervienen adolescentes punibles al momento de los hechos, incluso cuando se les atribuya responsabilidad junto con personas adultas.

La normativa busca garantizar que los adolescentes sean investigados bajo las reglas y garantías propias de la Justicia Penal Juvenil.

Sin embargo, el cambio de fuero no modifica la situación jurídica de la joven denunciada por el episodio del story time. Al haber cumplido 18 años, continuará siendo investigada bajo el régimen penal de adultos, aunque las actuaciones tramiten ante el Tribunal Penal Juvenil.

Antes de declinar la competencia, la fiscal González Pinto había ordenado medidas de investigación, producción de pruebas y pericias. Esas diligencias ya fueron cumplidas y serán incorporadas al expediente remitido.

La otra causa: tres adolescentes imputados

En paralelo, la investigación por la producción y difusión de imágenes íntimas tuvo un nuevo capítulo judicial. El miércoles 18 de noviembre se realizó una audiencia en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, donde se analizaron los recursos presentados por la defensa de los tres adolescentes imputados y por un joven de 18 años que fue excluido como querellante particular.

La audiencia se desarrolló a puertas cerradas para preservar la identidad y la intimidad de las personas involucradas.

Durante el encuentro, el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez ratificó la imputación contra los tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas.

El representante del Ministerio Público Fiscal defendió la resolución del juez de Control de Garantías Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, quien había confirmado lo actuado hasta esa instancia de la investigación.

Por su parte, el abogado Luis Marcos Gandini, defensor de dos de los acusados, cuestionó que la resolución no hubiera respondido uno de los planteos de nulidad relacionados con el segundo hecho investigado: la presunta difusión del video. Según sostuvo, no se habrían precisado las circunstancias de tiempo y modo en que ocurrió esa conducta, ni quién habría recibido o enviado el material.

El primer hecho, referido a la presunta producción del contenido, quedó firme.

El reclamo del joven excluido como querellante

Otro de los planteos analizados fue el presentado por el abogado Daniel Ortega, representante del joven de 18 años que había sido excluido como querellante particular y mantenido únicamente en calidad de ofendido.

La exclusión había sido dispuesta por el juez Morabito, a partir de un planteo de la asesora de Menores e Incapaces, Carolina Acuña Barrionuevo. El argumento central fue que la imputación formulada por la Fiscalía contempla como víctimas directas a personas menores de 18 años.

Ortega solicitó que se declare la nulidad de esa decisión y sostuvo que su representado también es una víctima directa del hecho investigado. Además, argumentó que tanto la Ley de Víctimas como la normativa nacional sobre responsabilidad penal juvenil reconocen derechos de participación procesal a las personas damnificadas.

“Es una víctima directa y necesita ser parte del proceso para poder controlar, él mismo ofrecer prueba y poder, lógicamente, pedir oportunamente que sean sancionados los autores de ese hecho tan grave que le ha complicado la vida y le ha causado un perjuicio emocional importante, tanto a la chica como al propio joven”, manifestó el abogado.

Tras escuchar los planteos, la Cámara pasó a un cuarto intermedio y se prevé que el próximo 27 de noviembre dé a conocer su resolución.

Cómo comenzó la investigación

El caso tomó estado público a partir de la denuncia por la difusión no consentida de un video íntimo de una adolescente de 17 años.

Según la investigación, el material habría sido grabado en diciembre de 2025. En abril de este año, durante actividades relacionadas con la presentación de los buzos de egresados, la joven habría dejado su teléfono celular al alcance de compañeros de escuela. Mediante el uso de la clave de acceso, habrían ingresado a los archivos multimedia y encontrado el video.

Los archivos habrían sido copiados y, en menos de una semana, comenzaron a circular hasta que la adolescente tomó conocimiento de lo sucedido.

En junio, su madre radicó la denuncia penal y se constituyó como querellante. Por tratarse de una víctima menor de edad, también intervino la asesora de Menores e Incapaces, Carolina Acuña Barrionuevo.

En octubre, el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución del material.

Posteriormente, se conoció otro episodio de presunta violencia digital durante el viaje de egresados a Bariloche, que dio origen a una investigación independiente por hostigamiento. La conexión entre ambos expedientes motivó ahora la intervención del Tribunal Penal Juvenil.

Volver arriba