Catamarca se movilizó en defensa de la universidad pública y el financiamiento educativo
Una multitud acompañó a la Universidad Nacional de Catamarca en la Quinta Marcha Federal.
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La comunidad catamarqueña participó este martes de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización en defensa de la educación pública y del financiamiento de las universidades nacionales. La convocatoria reunió a autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, representantes de distintos sectores sociales y ciudadanos que se sumaron al reclamo.
La marcha fue encabezada por el rector de la UNCA, ingeniero Oscar Arellano, y el vicerrector, ingeniero Carlos Savio, junto con decanos, secretarios y otras autoridades académicas. La protesta se desarrolló en sintonía con las manifestaciones realizadas en distintas ciudades del país.
Una movilización por el futuro de la universidad
De acuerdo con el recorrido previsto, una columna de manifestantes partió desde la Escuela Preuniversitaria ENET N.º 1 y se encontró con otro grupo para continuar juntos hacia la explanada de la Universidad Nacional de Catamarca, ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Junín.
Desde ese punto, los participantes rodearon el edificio histórico de la institución y expresaron su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades públicas, los salarios del personal y las condiciones necesarias para sostener el funcionamiento académico.
La convocatoria volvió a reunir a distintos sectores de la sociedad en torno a la defensa de la educación superior pública y al reclamo por recursos que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
Antes de la desconcentración, el rector Oscar Arellano compartió con los presentes un documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que plantea la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El texto sostiene que la movilización expresa tanto la voluntad de la comunidad universitaria como la de la ciudadanía en defensa de una norma considerada fundamental para el sostenimiento de las instituciones.
En uno de sus apartados, el documento advierte sobre las consecuencias institucionales del conflicto y señala que el Congreso de la Nación y el Poder Judicial intervinieron en favor de la aplicación de la ley, particularmente en lo referido a salarios docentes y no docentes y al sistema de becas.
Preocupación por los salarios y las condiciones laborales
El pronunciamiento del CIN también pone el foco en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y en las dificultades que atraviesan docentes y no docentes.
Según el documento, la pérdida salarial y la precarización de las condiciones de vida afectan la capacidad de las universidades para sostener sus equipos de trabajo, preservar conocimientos y desarrollar capacidades científicas, técnicas y académicas.
Asimismo, advierte que esta situación puede comprometer la continuidad de las vocaciones académicas y el trabajo acumulado durante décadas en las instituciones de educación superior.
La jornada concluyó con un mensaje centrado en la defensa de la universidad pública, el financiamiento educativo y la necesidad de garantizar condiciones que permitan a las instituciones nacionales continuar desarrollando sus funciones de enseñanza, investigación y extensión.
