Catamarca, entre las provincias donde más chicos de 8 años tienen celular propio
Más del 65% de los alumnos de tercer grado de primaria en la provincia cuenta con un teléfono celular.
Catamarca figura entre las provincias del país con mayor porcentaje de niños de 8 años que tienen celular propio. Así lo revela el informe "Celulares: ¿prohibir o no prohibir?", elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de datos del operativo Aprender 2024.
Según el relevamiento, más del 65% de los estudiantes de tercer grado de primaria de Catamarca posee un teléfono móvil propio, ubicando a la provincia entre las de mayor nivel de acceso, junto con Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el otro extremo aparecen Misiones y Formosa, donde la proporción ronda el 40%.
A nivel nacional, el estudio muestra que el 59% de los alumnos de tercer grado ya tiene celular propio, mientras que otro 23% utiliza el dispositivo de algún familiar. Solo el 18% de los niños de esa edad no tiene acceso a un teléfono móvil.
El informe también evidencia diferencias según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes pertenecientes al quintil de mayores ingresos tiene celular propio, frente al 52% de quienes integran el quintil de menores recursos. En la escuela secundaria, la tenencia alcanza al 90% de los estudiantes.
¿Prohibir o no prohibir?
La expansión del uso de celulares entre los más chicos reavivó el debate sobre su presencia en las escuelas. Sin embargo, la evidencia analizada por los investigadores muestra que las restricciones reducen el uso del celular y las distracciones dentro del aula, pero no existe un consenso sobre su impacto en el rendimiento académico.
Los estudios internacionales indican que, si bien algunos alumnos —especialmente aquellos con mayores dificultades de aprendizaje— pueden mostrar mejoras, en otros casos no se registran cambios significativos en los resultados escolares.
En Argentina tampoco existe una política unificada. Actualmente, 11 jurisdicciones cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas, mientras que el resto aún no tiene normas específicas.
Los autores del informe sostienen que el desafío no pasa únicamente por prohibir los dispositivos, sino por promover un uso responsable y con objetivos pedagógicos claros, acompañado tanto por la escuela como por las familias.
